Jacksonville se convierte en la primera ciudad de Florida en sancionar la inmigración ilegal, con nueva ordenanza
Jacksonville, una ciudad de Florida, generó una fuerte polémica al penalizar la inmigración ilegal, mientras un concejal defendía la medida como una herramienta para reforzar la “seguridad pública”.
Nick Howland, miembro del Concejo Municipal, explicó los detalles de la ordenanza #2025-0147, denominada Ley de Control de Inmigración Ilegal de Jacksonville, que criminaliza a indocumentados. La norma fue aprobada por 12 votos a 5 la semana pasada y entró en vigor este martes.
“Somos la primera ciudad de la nación en implementar una normativa de este tipo”, afirmó Howland. “Respaldamos al presidente, al gobernador y al legislativo estatal en su esfuerzo por fortalecer las fronteras, contrarrestar el aumento de inmigración irregular asociado a las políticas de Biden y garantizar la seguridad de nuestras comunidades”.
La nueva ley no solo sanciona la inmigración ilegal, sino que también destina fondos para que la Oficina del Sheriff de Jacksonville pueda detectar a personas sin documentos legales. Entre los recursos clave incluidos en la normativa se encuentra la adquisición de 25 escáneres portátiles de huellas dactilares para las autoridades.
Además, la medida convierte en delito municipal el ingreso o permanencia de inmigrantes indocumentados en Jacksonville. Las penas establecidas incluyen 30 días de cárcel obligatorios para infractores primerizos y hasta 60 días en caso de reincidencia.
La iniciativa legal se divide en dos ejes clave: primero, criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en el condado de Duval; segundo, establece mecanismos para verificar el estatus migratorio de las personas.
Howland explicó que, al igual que otras fuerzas policiales, Jacksonville ya emplea escáneres dactilares. Sin embargo, la normativa permitirá calcular cuántos dispositivos adicionales requiere el sheriff, TK Waters, para equipar a todas las patrullas que operan sin interrupción en la ciudad y el condado.
La ciudad de Jacksonville, con una extensión superior a las 800 millas cuadradas, destinará 76.000 dólares para adquirir 25 nuevos escáneres dactilares, según lo establecido en la propuesta legislativa.
“Con esta adquisición, el departamento contará con alrededor de 150 dispositivos, prácticamente uno por cada vehículo patrullero”, explicó Howland. “Se trata de un recurso fundamental que fortalece las capacidades operativas del sheriff”.
Según datos incluidos en la iniciativa elaborada por el concejal Kevin Carrico, durante 2024 las autoridades del condado de Duval arrestaron a 602 migrantes en situación irregular. De estos, 334 fueron trasladados a custodia de ICE para procesos de deportación, mientras que los demás recuperaron su libertad tras pagar fianza o cumplir condena.
De los 334 casos sujetos a deportación, 94 correspondían a cargos por agresión física, 140 por conducir en estado de ebriedad, además de delitos graves como homicidio y violencia sexual.
“Esta es, sin duda, una medida de seguridad pública”, afirmó Howland. “Busca retirar de las calles a quienes representan un peligro para la comunidad. La identificación del estatus migratorio es clave, y los escáneres dactilares son una herramienta fundamental para ello” dijo.
Sin embargo, mientras promotores como Howland destacan los beneficios para la seguridad, críticos denuncian que la ley es redundante y fomenta prácticas discriminatorias como perfiles raciales en controles policiales.
La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, reiteró su compromiso de dotar a las fuerzas del orden con los recursos requeridos durante una rueda de prensa “He sido consistente en garantizarles el equipo necesario. Por eso, aprobamos la financiación para los 25 escáneres dactilares solicitados. Ojalá el proyecto 2025-147 se hubiera limitado a eso”, expresó.
“Sin embargo, la iniciativa va más allá, incorporando un lenguaje provocador pero vacío de contenido”, criticó la mandataria. “No introduce nada que no esté ya cubierto por la legislación federal o estatal. Incluso, las penas estatales ya son más rigurosas. ¿Qué sentido tiene que la policía local aplique una ordenanza municipal cuando existe una normativa estatal más contundente?”, cuestionó.
Deegan recordó que Jacksonville mantiene un convenio con ICE desde 2008 y subrayó que Florida prohibió las “ciudades santuario” en 2019, dejando claro que el marco legal actual ya aborda la situación migratoria sin necesidad de medidas redundantes.
“Quienes afirman lo contrario están manipulando la realidad de forma deliberada”, aseveró. “Esta iniciativa no solo duplica normativas existentes, sino que desvía al gobierno local hacia competencias que no le competen. La jurisprudencia ha sido clara: la gestión migratoria es responsabilidad exclusiva del gobierno federal” dijo la alcaldesa.
Howland defendió la medida argumentando que, pese a la existencia de leyes similares, esta otorga un respaldo operativo clave a la policía municipal “incluso si ya hay regulaciones, proporcionamos un margen de acción adicional que justifica plenamente la ley”.
“Resulta absurdo tildar de redundante el dotar a nuestros agentes de herramientas complementarias para proteger la seguridad ciudadana”, enfatizó. “Cada recurso suma en la misión de mantener calles y comunidades seguras”.
La nueva ordenanza amplía el alcance de las legislaciones estatal y federal al convertir en falta municipal el ingreso o permanencia irregular en Jacksonville. Según explicó, esta medida fortalece las facultades de las autoridades locales para sancionar violaciones migratorias dentro de su jurisdicción.
“La normativa brinda al Sheriff de Jacksonville un instrumento legal adicional para prolongar levemente la detención de individuos, facilitando así su posible traslado a las autoridades de inmigración (ICE)”, precisó durante la presentación de la iniciativa.
“Esta medida cobra especial relevancia al considerar que, el año pasado, de las más de 600 personas detenidas, solo 334 fueron derivadas a ICE para procesos de deportación”, explicó. “La nueva normativa permitirá a las autoridades locales extender el tiempo de retención de quienes hayan ingresado al país de manera irregular, lo que podría incrementar significativamente el número de casos remitidos a inmigración cuando sea necesario”.
El Sheriff de Jacksonville, TK Waters, destacó que su departamento ha sido testigo directo de cómo las “políticas fronterizas ineficaces impactan en la seguridad ciudadana”.
“La Ley de Control de Inmigración Ilegal de Jacksonville equipa a nuestro organismo con instrumentos adicionales para enfrentar estas amenazas y asegurar que los infractores respondan por sus actos”, afirmó Waters. “Igualmente, establece una postura firme, nuestra ciudad no servirá como refugio para quienes violen las leyes migratorias del país”.
