La nueva ley toma medidas impetuosas contra la inmigración ilegal y entra en vigencia a partir del 1 de julio
Una coalición de manifestantes y organizaciones comunitarias que apoyan los derechos de los inmigrantes expresaron su decepción este jueves contra la representante del Estado del Distrito 25, Carolina Amesty, quien votó a favor de la nueva política de inmigración indocumentada de Florida.
“Ella tuvo el descaro de traicionarnos”, expresó Felipe Sousa, director del Centro Comunitario Hope. “Ella votó en contra de los derechos de los inmigrantes, en contra de los derechos humanos de tantas personas”.
Amesty, quien es hija de inmigrantes venezolanos, se encuentra entre los 83 legisladores de Florida que respaldaron el Proyecto de Ley del Senado 1718, el cual fue firmado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el mes de Mayo.
La ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, tiene como propósito tomar medidas impetuosa contra la inmigración ilegal al ampliar los requisitos para que las empresas comprueben la situación migratoria de los empleados, castigar a la gente que trae inmigrantes sin estatus legal permanente a Florida y recaudar datos sobre si los pacientes del hospital se encuentran en el país de forma legal.
En respuesta a la ley, cerca de 200 personas se reunieron al frente de la oficina de distrito de Amesty en Orlando a lo largo de Conroy Windermere Road para protestar este jueves. Asimismo, fue un llamado a la acción para solicitar a las empresas que cierren y permitan que sus empleados formen parte del movimiento.
“Hoy nos enorgullece decir que muchos propietarios de negocios que apoyan a sus trabajadores que están en contra de este proyecto de ley cerraron en solidaridad”, manifestó Ana María Hernández, directora de campo de Florida Immigrant Coalition.
Uno de esos propietarios de negocios maneja una empresa local de grúas. Algunos de sus trabajadores colocaron sus grúas alineadas a lo largo de la calle en respaldo a la comunidad inmigrante.
“Nosotros como inmigrantes merecemos justicia y los inmigrantes no son el problema”, afirmó el trabajador de la grúa Ahtziry Barrera. “Hoy estamos aquí unidos como uno solo. Lo que nosotros como personas enfrentamos es injusto”.
La ley además requiere que los contratantes privados con 25 o más empleados utilicen el sistema federal E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de un nuevo trabajador. Las empresas públicas también están obligadas a utilizar ese mismo sistema y los hospitales que aceptan Medicaid tendrán que preguntar a los pacientes acerca de su nacionalidad.
“Nuestro objetivo es educar a los electores para que no voten por estas personas y vuelvan a votarlas para el poder”, mencionó Hernández.
Tras la manifestación, varios grupos pequeños de personas salieron a encuestar en distritos residenciales para informar a la gente acerca del efecto potencial que esta política podría tener en la comunidad.
“El objetivo de esto es que todos nuestros vecinos y la comunidad conozcan que nuestros legisladores están votando y creando leyes y aprobando leyes que van en contra de nuestra comunidad”, señaló Hernández.
Para el 1 de julio se tiene planeada otra protesta. Los defensores de la inmigración esperan que varias empresas también cierren en solidaridad.
