Centenas de migrantes que huían de Cuba y Haití han emprendido recientemente el peligroso viaje en barco de 100 millas a los Cayos de Florida
Florida se unió a otros 19 estados para oponerse a un programa de la administración Biden recientemente anunciado para aceptar 30.000 inmigrantes por mes procedentes de los países de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Este martes, los estados, liderados por Texas, presentaron una demanda ante la corte federal del distrito sur de Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el secretario Alejandro Mayorkas y otras agencias federales implicadas en inmigración, declarando que no existe autoridad legal alguna para implantar el plan por el presidente Joe Biden poco antes de una visita la primera semana de enero a la frontera sur. La demanda también sustenta que los estados se verán afectados por la multitud de inmigrantes de los 4 países cubiertos por el programa.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo a través de comunicado sobre la demanda “la agenda de fronteras abiertas de Biden creó una crisis humanitaria que está incrementando el crimen y la violencia en nuestras calles, perjudicando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos”. También aseguró “este programa de indulto ilícito, que invitará a miles de extranjeros a los EE.UU. cada año, solo empeorará radicalmente esta crisis de inmigración”.
Por otra parte, Ashley Moody, fiscal general de Florida, consideró el nuevo plan de Biden como “un intento insensato de continuar llenando el país con grandes cantidades de inmigrantes ilegales”.
Florida ya aloja grandes poblaciones de personas que han dejado los 4 países cubiertos por las medidas de la Casa Blanca. Recientemente, decenas de migrantes que salen de Haití y Cuba han emprendido el riesgoso viaje en barco de 100 millas a los Cayos de Florida, gastando los recursos y exigiendo al gobernador Ron DeSantis a activar la Guardia Nacional del Estado para proteger a la muchedumbre.
El presidente de EE.UU. informó el programa durante una afluencia incesante de migrantes que atraviesan la frontera sur, la mayoría de ellos procedentes de naciones administradas por gobiernos autoritarios como Venezuela y Cuba.
Tanto los demócratas como los republicanos han reprochado cómo el gobierno de Biden ha tratado los inconvenientes fronterizos, pero algunas de los reproches más duros derivan de los líderes republicanos en Texas y Florida.
De acuerdo al nuevo programa, EE.UU. aseguró que concedería libertad condicional “humanitaria” a los migrantes admisibles que presenten la solicitud desde sus países de procedencia. Los que tienen un patrocinador elegible y superan las verificaciones de antecedentes pueden entrar a los Estados Unidos durante 2 años y obtener permiso de trabajo. El plan fue una extensión de uno implantado el año pasado para los venezolanos.
Sin embargo, Biden y los funcionarios federales destacaron que aquellos que desearan solicitar el programa no serían admisibles si intentaran atravesar la frontera.
Cuando Biden informó el programa de libertad condicional, solicitó a los republicanos que respaldaran cambios generales en tema de inmigración. Dijo que los cambios definidos a inicios de enero “no compondrán todo nuestro método de inmigración, pero pueden ayudarnos considerablemente a tratar mejor lo que es un desafío arduo…”
La agente María Elvira Salazar (R-Miami) elaboró un paquete integral de inmigración, sin embargo, no está claro si la propuesta obtendrá mucha fuerza en el Congreso.
Tanto Texas como Florida han iniciado varias demandas que se oponen a las políticas de inmigración del gobierno de Biden.
